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La pensión de alimentos se determina considerando las necesidades del niño, niña o adolescente y la capacidad económica y circunstancias domésticas de quienes deben contribuir a su mantención. Pueden considerarse gastos de alimentación, vivienda, vestuario, salud, educación, transporte, recreación, actividades extraprogramáticas y, en general, aquellos necesarios para su adecuado desarrollo y subsistencia.

Sí. Una pensión de alimentos puede ser aumentada o rebajada cuando han variado las circunstancias que fueron consideradas al momento de establecerla. Por ejemplo, pueden existir cambios relevantes en las necesidades del alimentario o en la situación económica de quien debe pagar la pensión.

Puede solicitarse judicialmente el cumplimiento de la pensión y la liquidación de la deuda. La legislación contempla distintos mecanismos para obtener su pago, incluyendo medidas de apremio, inscripción en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y procedimientos especiales destinados a perseguir fondos del deudor.

El cumplimiento de determinada edad no produce por sí solo el término automático de la pensión. La legislación establece distintos límites y requisitos dependiendo de las circunstancias del alimentario, incluyendo si se encuentra estudiando o si existe alguna situación que le impida subsistir por sí mismo. Cuando corresponda poner término a una pensión vigente, debe solicitarse judicialmente su cese.

Sí. Cuando han cambiado las circunstancias o el régimen existente deja de responder adecuadamente a las necesidades del niño, niña o adolescente, puede solicitarse su modificación. El Tribunal deberá resolver atendiendo primordialmente a su interés superior, considerando conjuntamente los criterios establecidos por la legislación.

El Tribunal debe ponderar diversos antecedentes, entre ellos la vinculación afectiva del niño con sus padres y su entorno familiar, la aptitud de cada progenitor para garantizar su bienestar, la estabilidad que pueden proporcionarle, la disposición para cooperar con el otro progenitor y la opinión del propio niño, niña o adolescente, de acuerdo con su edad y madurez.

Sí. El régimen puede modificarse cuando cambien las circunstancias que fueron consideradas al establecerlo. Asimismo, el Tribunal puede restringirlo o suspenderlo cuando su ejercicio manifiestamente perjudique el bienestar del niño, niña o adolescente.

Cuando existe un incumplimiento injustificado de un régimen establecido judicialmente o aprobado por el Tribunal, pueden solicitarse medidas destinadas a obtener su cumplimiento, incluida la compensación del tiempo no utilizado, además de los apremios y demás medidas que correspondan conforme a la ley.

Sí. Estas materias se encuentran, como regla general, sometidas a mediación previa obligatoria. Esto significa que antes de presentar una demanda debe intentarse la mediación. Lo obligatorio es realizar esta instancia previa, no alcanzar un acuerdo. Si las partes no logran acuerdo, la mediación se declara frustrada y queda habilitada la posibilidad de recurrir al Tribunal de Familia.

Sí. Cuando se alcanza un acuerdo, este queda contenido en un acta de mediación que debe ser sometida a la aprobación del Tribunal de Familia. Una vez aprobada judicialmente, tiene valor de sentencia ejecutoriada y su cumplimiento puede ser exigido judicialmente.

El divorcio de común acuerdo requiere que ambos cónyuges lo soliciten y acrediten un cese efectivo de la convivencia superior a un año, además de presentar un acuerdo completo y suficiente cuando corresponda. El divorcio unilateral puede ser solicitado por uno solo de los cónyuges y exige, como regla general, acreditar al menos tres años de cese efectivo de la convivencia.

No. El divorcio por culpa no exige un período previo de cese de convivencia. Procede cuando existe una falta imputable al otro cónyuge que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones del matrimonio o de los deberes respecto de los hijos comunes, que torne intolerable la vida en común.

Es el derecho que puede corresponder a uno de los cónyuges cuando, por haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, produciéndose un menoscabo económico como consecuencia de ello. Su procedencia y monto no son automáticos y deben determinarse considerando las circunstancias establecidas por la ley.

No. La compensación económica tiene por objeto compensar el menoscabo económico sufrido por uno de los cónyuges bajo los presupuestos establecidos por la ley. Es una institución distinta de la liquidación del régimen patrimonial del matrimonio y no constituye simplemente una división de los bienes adquiridos durante este.

Cuando no sea posible obtener la autorización de quien legalmente debe otorgarla, esta sea negada sin motivo plausible o exista imposibilidad de concederla, puede solicitarse una autorización judicial de salida del país ante el Tribunal de Familia. El Tribunal analizará las circunstancias del viaje y determinará si este resulta conveniente para el niño, niña o adolescente.

Sí. Cuando existan antecedentes que permitan sostener que el viaje no resulta conveniente para el niño, niña o adolescente, pueda afectar sus derechos o existan circunstancias relevantes relacionadas con su retorno, estos pueden hacerse valer ante el Tribunal para oponerse a la autorización solicitada.

Es un mecanismo destinado a proteger la residencia principal de la familia. Puede comprender el inmueble de propiedad de cualquiera de los cónyuges que sirva de residencia principal familiar y los muebles que lo guarnecen. La declaración no cambia al propietario del inmueble, pero limita determinados actos de disposición o gravamen que este puede realizar sin la intervención del otro cónyuge.

Sí. Puede solicitarse su desafectación cuando desaparezcan las circunstancias que justificaron la declaración o concurra alguna de las demás hipótesis previstas por la legislación.

Cuando sus derechos se encuentren amenazados o vulnerados y resulte necesaria una intervención jurisdiccional para su protección. El Tribunal puede adoptar diferentes medidas según la naturaleza y gravedad de la situación, procurando que sean adecuadas para restablecer los derechos vulnerados y proteger el bienestar del niño, niña o adolescente.

La separación de un niño, niña o adolescente de su familia constituye una medida excepcional y debe sujetarse a los presupuestos establecidos por la legislación. Las decisiones adoptadas durante un procedimiento de protección deben considerar primordialmente su interés superior y su derecho a ser oído conforme a su edad y madurez.

La coordinación de parentalidad es una intervención especializada dirigida especialmente a familias que mantienen un elevado nivel de conflicto después de la separación y presentan dificultades persistentes para coordinar el ejercicio de sus responsabilidades parentales. Busca facilitar la implementación práctica de los acuerdos y decisiones relativas a los hijos, reducir el conflicto parental y evitar que los niños, niñas y adolescentes queden expuestos permanentemente a las diferencias de los adultos.

Es una herramienta destinada a establecer de manera clara, anticipada y organizada cómo se ejercerán las responsabilidades parentales después de la separación. Puede contemplar tiempos con cada progenitor, entregas y retiros, vacaciones y fechas especiales, decisiones sobre educación y salud, actividades extraprogramáticas, formas de comunicación y mecanismos para abordar futuras diferencias, adaptándose a las necesidades particulares de cada familia.

No. La mediación busca que las propias partes alcancen acuerdos respecto de un conflicto susceptible de ser mediado. La coordinación de parentalidad se orienta principalmente a facilitar la implementación práctica de acuerdos o decisiones parentales, gestionar las dificultades que aparecen en su cumplimiento cotidiano y reducir la conflictividad entre los progenitores, procurando proteger a sus hijos de sus efectos.